Misael Zamora, indígena tlahuica de 28 años, es acusado por la Fiscalía del Estado de México de talar ilegalmente un bosque. El mismo delito que él lleva denunciando toda su vida. El mismo delito por el que su padre fue injustamente encarcelado. El mismo delito por el que vio morir a su hermano. El mismo delito por el que él recibió un balazo en el pulmón que casi lo mata.
“Es una acusación totalmente falsa”, responde, ofendido. Greenpeace y el Centro Pro de Derechos Humanos le apoyan.
La zona de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México, donde reside Misael Zamora, es territorio de talamontes, grupos ilícitos que deforestan sin permiso. En 2016 era identificada como una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Así que no sería raro que un operativo policial arrestase a un tipo con una motosierra que está deforestando sin permiso.
El problema es que, si atendemos a la historia personal de Zamora, la acusación es difícil de sostener.
Misael Zamora es hijo de Ildefonso Zamora, ambientalista injustamente encarcelado en 2015 y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
También es hermano de Aldo Zamora, asesinado a tiros por talamontes en 2007, en un atentado en el que el mismo Misael fue herido de bala en un pulmón.
Además, fue activista de Greenpeace. Desde los seis años lleva sembrando árboles y denunciando la tala ilegal.
Por eso la acusación le resulta más humillante.
“Es la peor de las ofensas: que te acusen de algo a lo que tú te has opuesto toda la vida. Perdí a mi hermano por documentar y denunciar la tala ilegal. Ahora me acusan de eso que yo he estado denunciando, que ni loco haría, que le ha costado demasiado caro a la familia”, se queja.
Si Misael Zamora, como sostiene la Fiscalía, hubiese sido sorprendido talando ilegalmente monte, se habría convertido en un traidor. Pero él mantiene que sigue fiel a los principios que le mostró su padre cuando apenas levantaba dos palmos del suelo. Y considera que el proceso en su contra obedece a un intento de criminalización, de sacárselo de en medio.
“Si algo nos llega a pasar, tanto a mí, como a alguien de mi familia, de alguna otra cosa acusación o de algún ataque directo, responsabilizo desde este momento a la Fiscalía del Estado de México”, advierte.
Por el momento, el joven ha ganado un poco de tiempo. El 26 de abril fue detenido y, tras las audiencias correspondientes, se fijó el inicio del debate para el 15 de agosto. Sin embargo, un juez aceptó un amparo interpuesto por su defensa y ordenó suspender la audiencia.
Hoy, martes 23 de julio, es una jornada clave. Un juez aceptó el amparo presentado contra la audiencia inicial que ligó a Misael a proceso. El 8 de agosto, un tribunal entrará al fondo de la cuestión. Hoy, otro juez tendrá que decidir si la audiencia de debate, prevista para el 15 de agosto, tiene lugar o si hay que esperar por si el amparo termina por tumbar todo el proceso.
El Ministerio Público del Estado de México, por su parte, no quiere hablar. Argumenta que se trata de un asunto que esperan que pronto se aperture juicio y no quieren “contaminar el proceso con alguna declaración”.
El día en el que un ambientalista pasó a ser acusado de talar ilegalmente
“El bosque es todo. Es la vida entera, es el patrimonio que les podemos dejar a las futuras generaciones. Lo único que les va a ayudar en el futuro es el bosque”, dice Misael.
Es viernes, 19 de julio. Pasan algunos minutos de las 9 de la noche y la familia se reúne en la sala del domicilio del patriarca. Una estufa de leña calienta la estancia, que se mantiene iluminada con una única bombilla. Al día siguiente está prevista una acción de reforestación en un paraje conocido como El Poleo, una zona boscosa ubicada a escasos kilómetros de su domicilio.
“La Fiscalía del Estado de México ha emprendido una serie de acusaciones falsas, no solo en contra mía, sino también en contra de mi padre”, protesta Misael.
La persecución, la prisión y la muerte flotan en el ambiente de esta vivienda humilde. Este es el tercer golpe que recibe la familia desde que Ildefonso, el patriarca, comenzase su cruzada contra la tala ilegal, allí por 1998.
Sentado, con una manta cubriéndole los hombros, está el padre. La cárcel hizo mella en su salud. Parece envejecido. Nueve meses encerrado por un robo que nunca cometió afectaron a la diabetes que padece desde hace años. Junto a él, Modesta Gómez Procopio, su esposa. Atareada con los preparativos de la cena, Itzel Hernández, compañera de Misael. Apenas llevaban 15 días juntos cuando la policía ministerial lo arrestó el 23 de abril de este año. Menuda bienvenida.
“Somos humildes, utilizar gas todos los días no está a nuestro alcance”, justifica el joven, para explicar por qué el día que fue arrestado estaba recogiendo leña.
La casa de los Zamora está siendo remodelada. En una esquina, apilados, aperos de labranza: un pico, una pala, un ayate, un azadón. En la pared, una madera con forma de Z que simboliza la primera letra del apellido familiar, Zamora, y un ramo de laurel. Junto a la puerta ni siquiera hay muro y la estancia se cubre con un plástico que a duras penas protege del frío.
“Soy víctima de una acusación falsa, del todo fabricada y que carece de elementos sólidos”, dice el joven.
Todo ocurrió el 21 de abril de 2015. Según la carpeta de investigación a la que tuvo acceso Animal Político, el joven se encontraba en un paraje cercano a San Juan Atzingo con otras personas que no fueron identificadas.
Un operativo conjunto de 15 agentes de la policía estatal y 15 soldados adscritos a la Secretaría de la Defensa (Sedena), junto a dos agentes de Probosque (agencia del Estado de México), les sorprendió cuando, presuntamente, talaban árboles con dos motosierras. Únicamente fue arrestado Misael Zamora, a quien se acusa de cargar con 39 vigas que, según el peritaje, tendrían un valor de 9,279 pesos.
Entre 32 uniformados solo pudieron detener a un único talamontes, sostiene la versión oficial.
Ese talamontes es, según la Fiscalía, Zamora, el activista de Greenpeace que lleva toda su vida luchando contra la deforestación.
El mismo relato explica que, tras ser arrestado, el joven, que entonces tenía 24 años, fue trasladado en un vehículo militar. La detención provocó la alarma en la comunidad, que se organizó para liberarlo. El convoy fue interceptado por pobladores de San Juan Atzingo, quienes exigieron que les devolviesen a su vecino.
La acusación se basa en el testimonio de tres policías(Eric Eleazar Diaz, Cristóbal Tomás Romero y Juan Carlos Lara Flores) y un militar (Brando Mixtega Chipol). Todos ellos aseguran que Zamora fue sorprendido en flagrancia con una motosierra en la mano talando ilegalmente un árbol.
“Fui detenido arbitrariamente. Iba solo. Transitaba en una zona donde tiene un predio mi papá, un terreno que le sembramos árboles hace más de diez años. Había restos de un árbol que había sido talado tiempo atrás, ramas secas. Las recolecté con un machete para hacer leña”, asegura.
Sobre la intervención de sus vecinos para rescatarle, Zamora explica: “Los militares se desviaron y tomaron un atajo hacia Morelos. Habían pasado siete meses desde la desaparición de los de Ayotzinapa. ¿Cuál era su intención, entregarme o desaparecerme? Hemos recibido muchas amenazas de muerte, mi papá tuvo un intento de desaparición. Imaginemos el miedo, la tensión de los vecinos al ver que estaba en manos del Ejército y me llevaban a una zona boscosa y sin señal”.
Al final, Zamora fue liberado. No fue hasta cuatro años después que agentes ministeriales lo arrestaron para comenzar el proceso en su contra. El 2 de mayo se celebró la audiencia de vinculación a proceso y el 4 de julio, la de etapa intermedia.
Luis Tapia Olivares, coordinador legal del Centro Pro de Derechos Humanos y uno de los abogados de Zamora, denuncia que Carlos Gerardo Gómez Díaz, juez de control en Tenancingo, Estado de México, ignoró las denuncias por violaciones a los derechos humanos planteadas por la defensa y que, en su opinión, deberían invalidar todo el proceso.
Entre las irregularidades que advierte: interrogatorios ilegales en el momento del arresto y la falta de una cadena de custodia sobre la motosierra que presuntamente utilizó el joven y las 39 tablas que habría talado. En la carpeta aparecen fotografías de estas pruebas ya en comisaría, pero nunca en el predio en el que fue arrestado Zamora.
“Cuando la ocasión de mi padre no tuvieron las pruebas. Ahora vienen con esta, no tienen las pruebas y lo vamos a demostrar”, dice el joven. Por suerte, espera su proceso en libertad. Amnistía Internacional intercedió por él antes de la audiencia de vinculación de proceso y la Fiscalía no pidió prisión provisional.
Cree que detrás de esta acusación están miembros de la Fiscalía, a los que vincula a negocios con funcionarios adscritos a organismos públicos como Probosque.
El hogar de los Zamora se encuentra en San Juan Atzingo, tierra de los indígenas tlahuicas. Foto: Alejandro Ponce
Tres décadas de activismo
“Nos parece indignante que la familia Zamora sea víctima del acoso por parte de las autoridades en lugar de que esta se persiga y se castigue a los responsables de este delito”, denuncia Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace. Asegura que Ildefonso, Misael y Aldo, la víctima del tiroteo, “tienen 20 años de lucha por el Gran Bosque de Agua, que surte con tres cuartas partes del recurso hídrico que se consume en Ciudad de México”.
“La familia ha tocado grandes intereses, no se ha dado castigo a los taladores que ilegalmente operan en la zona”, lamenta la activista, que se queja de que la persecución que ha sufrido la familia es consecuencia de aquella primera denuncia que Ildefonso presentó en 1998.
La vinculación de los Zamora con Greenpeace viene de lejos. Ellos fueron, junto a otros activistas, quienes desplegaron las letras SOS en la loma del monte en 2004. Para entonces llevaban seis años de activismo.
El origen de toda esta historia está en los terrenos que Ildefonso comenzó a sembrar con árboles hace 30 años.
Entre los pinos de su propiedad, con orgullo, Misael habla de la satisfacción que le produce ver crecer los árboles que plantó su padre. Es sábado, 20 de julio, cerca de las 13.00 horas. El joven viene de participar en una jornada de reforestación y pasa por las tierras de la familia.
Mostrarlas es una forma de homenaje.
Recuerda cómo su hermano asesinado y él comenzaron a recopilar información sobre talamontes y presentaron las pruebas ante la Fiscalía. Denuncia la “corrupción” en instituciones como Probosque, la agencia estatal que debería prevenir la deforestación. Recuerda aquel maldito día en el que cuatro tipos a los que tenía identificados les emboscaron y mataron a su hermano. Él quedó inconsciente y no pudo velarle. Estaba en el hospital luchando por su vida.
Un dato positivo en medio de una historia de persecución: asegura que desde la muerte de Aldo la deforestación se redujo en un 80%.
Fue un espejismo.
Tras la llegada al gobierno de Enrique Peña Nieto dio un vuelco a la situación.
“A partir de 2012 se multiplicó la tala ilegal. Ahora hay más que nunca”, asegura.
“Es una pena que la Fiscalía se siga enfocando en criminalizar a defensores del medio ambiente y de la tierra, es una vergüenza para el Estado, es una vergüenza para el país, que estén sucediendo este tipo de cosas en pleno siglo XXI”, dice, apenado.
Todos los sábados, Misael participa en las jornadas de reforestación. Unos 5,000 árboles plantados entre comuneros del municipio y voluntarios de Wallmart que llegan a una jornada de trabajo. Los talamontes se llevan por delante unos 300 al día. Sin embargo, el tiempo es lo que juega en contra de los ambientalistas: hay árboles levantados que tienen 150 años de historia.
El joven dice que ya se acabó la denuncia. Que le ha costado muy cara. Pero que no va a renunciar a seguir plantando árboles.
De eso sabe bien Ildefonso, el patriarca, el origen de todo. Él comenzó a sembrar terrenos en los que los cultivos no agarraban, inició la lucha contra la tala e inculcó a sus hijos la idea de que su misión en la vida es proteger el bosque.
“Mi hijo, en paz descanse, debe estar orgulloso donde se encuentre, porque toda la causa que emprendí, ha tenido buenos resultados”, afirma en su casa, apenado porque la salud no le permite caminar por el bosque como antaño.
Su gran dolor: el asesinato de su hijo Aldo.
Solo recordándole se quiebra. “Todavía espero obtener justicia”, asegura. Ni siquiera habla de su estancia en la cárcel, de la acusación injusta, de los golpes sufridos durante de la detención.
Ahora su preocupación es qué ocurrirá con Misael, el benjamín, el que enfrenta un nuevo proceso judicial.
“Es sólo por acusarlo y tratar de buscarle ese delito, el cual nunca cometió. Y aquí lo puede decir una, y diez y 100 personas, que nunca hemos sido taladores”, dice.
Ildefonso Zamora Baldomero recuperó su libertad en agosto de 2016; ahora su hijo Misael enfrenta acusaciones. Foto: Alejandro Ponce
La familia Zamora ha enfrentado dos amenazas: las redes de tala ilegal de árboles, que se llevaron por delante a Aldo, y las autoridades, que ahora quieren encarcelar a Misael.
“Tenemos, por fortuna, dentro del territorio de San Juan Atzingo, el Gran Bosque de Agua… es una pena y una lástima que los gobiernos pues se hagan de la vista gorda ante este gran problema, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Y que lejos de atacar el problema, lejos de hacer detenciones a estas personas, pues se dedican a buscar chivos expiatorios”, se queja el joven.
A su alrededor hay decenas de árboles talados de forma ilegal. El mismo delito del que le acusan. El mismo delito contra el que luchó toda su vida.
Fuente: Animal Político
